La juez decreta prisión sin fianza para el ex consejero de la trama de los ERE
El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se ha convertido a primera hora de este martes en el tercer imputado que ingresa en prisión por la trama de los ERE.
La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha acordado esta medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones ejercidas por el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias.
A las 07.54, una hora después de la decisión de la juez, Antonio Fernández entraba en el furgón policial camino del Centro Penitenciario de Morón. No fue esposado y la Guardia Civil preparó un cordón para que pudiera abandonar los juzgados.
Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, en las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y viceconsejero desde 1995.
Él fue, en calidad de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), uno de los dos firmantes del convenio que el 17 de julio de 2001, según el criterio de la juez instructora y la Fiscalía, instauró un sistema que permitió gastar en diez años casi 700 millones de euros sin control y en beneficio de ciertas personas.
Pasadas las 6:45 horas, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha comunicado a Fernández la orden para su ingreso en prisión. El ex consejero sigue así el mismo camino que su director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, ambos en prisión desde marzo, y se convierte en el primer miembro del Consejo de Gobierno que pisa la cárcel en la historia de la autonomía.
La juez Mercedes Alaya ha ordenado la prisión de Fernández tras una vista de medidas cautelares celebrada anoche, en la que el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero, realizó una exposición de más de dos horas oponiéndose a la medida cautelar. Tras dicha vista, concluida a la 01:00 horas, la juez se retiró a deliberar y redactar su auto, que ha terminado sobre las 06:30 horas.
El auto, de 78 folios, fundamenta la orden de ingreso en prisión en el riesgo de fuga de Fernández y la posibilidad de obstrucción de la labor de la Justicia, según han señalado fuentes del caso.
La juez ha pospuesto para más adelante su decisión sobre la cuantía de la fianza que ordena a Fernández depositar en el juzgado para hacer frente a una eventual responsabilidad civil, esto es, reposición de las cantidades supuestamente defraudadas, una posible multa y costas procesales.
La Fiscalía Anticorrupción pidió, además del ingreso en prisión provisional, la imposición de una fianza de más de 890 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil y a las cantidades supuestamente defraudadas
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